Los ayuntamientos podrán otorgar menos subvenciones

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Los Ayuntamientos nunca han podido otorgar libremente subvenciones, pero esta posibilidad ha quedado hoy más cercenada mediante una limitación en su capacidad de obrar.

Los Ayuntamientos ven mermada la capacidad de otorgar subvenciones

No me refiero a una ausencia de eficiencia, ni me refiero a una posible falta de liderazgo, me refiero simplemente a que la capacidad obrar de los Ayuntamientos se ha visto reducida.

Hoy se puede decir que los Ayuntamientos son más incapaces que hace unos años. No se trata de una mera imposibilidad financiera, —más o menos transitoria— sino de una imposibilidad legal ante la falta de competencia, o de potestades, que casi con toda seguridad, está llamada a permanecer de forma perenne.

Esta incapacidad de los Ayuntamientos  proviene de la Ley que —ahora— sólo permite el ejercicio de competencias propias, rechazando la mera liberalidad en el ejercicio de competencias impropias. De esta suerte, un Ayuntamiento no podrá otorgar una subvención en materia educativa, o de índole social, que sobrepase su ámbito competencial determinado por la Ley, cuando su ejercicio puede ponga en riesgo la sostenibilidad de su Hacienda, o cuando se ejecute de forma simultánea el mismo servicio público por otra Administración Pública.

Podemos entender que otorgar una subvención destinada a financiar la contratación de un profesor para impartir clases nocturnas, o la realización de talleres de dibujo, costura puede ser estimable, pero probablemente no resultara plenamente legal por cuanto esta actuación, no se encuentra dentro del ámbito natural de sus competencias.Sólo dentro del ámbito de una colaboración interadministrativa sería posible. Y fuera de ese ámbito, se requiere que el Ayuntamiento cuente con Informe favorable de su Comunidad Autónoma que acredite que no existe duplicidad en el servicio público subvencionado, y que la Administración del Estado acredite la sostenibilidad financiera de la nueva competencia.

Esta necesidad de Informes favorables del Estado y de la Comunidad Autónoma, supone de facto ampliar las competencias de nuestros Ayuntamientos, o más bien, supone reconocer su minoría de edad.

Luis Ignacio

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